CHILE INSÓLITO

INMIGRANTES EN CHILE: INVISIBLES ANTE LA LEY  

Por www.forociudadano.cl
28/07/2006  

Cada vez son más los y las extranjeras que eligen a Chile como un país donde empezar la vida de nuevo. Personas que, por distintas razones, debieron dejar sus lugares de origen y buscar nuevos rumbos más allá de sus fronteras con la esperanza de mejorar su calidad de vida y la de sus familiares. Aventureros, osados, soñadores, pero también, muchas veces desesperados.    

De acuerdo al Censo del 2002 el número de inmigrantes en Chile era de 200.000 personas, sólo el 1.2% de la población total. Sin embargo, esta cifra representa un aumento del 75% desde 1992. En la última década, el desarrollo económico de Chile, su estabilidad política y social y una serie de factores expulsivos es los propios países de origen, convirtieron a nuestro país en receptor, principalmente de personas provenientes de países vecinos. Se habla de una "nueva inmigración" desde mediados de los '90, de argentinos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos que, a pesar de no ser tan masiva, la opinión pública la ha percibido como tal debido a la mayor visibilidad que han adquirido las y los inmigrantes gracias a la cobertura que los medios de comunicación le ha dado al fenómeno.   

No obstante, las y los chilenos que viven en el extranjero son cerca de 800.000, es decir, por cada extranjero que hay en el país, otros cuatro chilenos y chilenas están fuera. Históricamente hemos sido un país de emigrantes y no de destino de oleadas migratorias, como Argentina, por ejemplo.  

De todas formas, los pronósticos apuntan que la llegada de extranjeros seguirá aumentando. Las causas son variadas, pero una de las más relevantes, según explica Lilia Núñez, investigadora de las migraciones, es el envejecimiento de las y los chilenos y las bajas tasas de natalidad, una tendencia mundial cada vez más importante.   

Sin política   

A pesar del aumento de las inmigraciones hacia Chile y de los augurios de incremento, el país no cuenta con una política pública clara con respecto a las personas que ingresan y se quedan a vivir.  

Si bien existen una serie de leyes y decretos que regulan la entrada y la salida, una vez que se instalan en Chile, las y los inmigrantes dejan de preocupar, al menos, así parece.   

Se reconoce como "residentes" sólo a las personas con contrato, estudiantes, temporarios, con asilo político o refugiados, pero esa no es la realidad de muchos inmigrantes. De hecho, se estima que son cerca de 15.000 quienes se encuentran en situación irregular en el país.   

"El Estado chileno adolece de políticas públicas de acogida a los inmigrantes", que les otorguen facilidades en un primer tiempo para insertarse en la sociedad, afirma Luis Alejandro Rojas del Observatorio Interamericano de los Derechos de los Migrantes.    

El 2001 se formó una comisión que congrega a los ministerios del Interior, Defensa, Trabajo y Relaciones Exteriores con el fin de elaborar una Política de Migración del Estado Chileno, pero hasta la fecha no ha salido "humo blanco".   

Pero algo se ha avanzado en la materia. Los acuerdos de libre comercio que se han firmado en el último tiempo han incorporado cláusulas tendientes a disminuir las barreras que impiden la movilidad de las personas entre los países, por ejemplo, gracias al MERCOSUR se puede ingresar sólo con la cédula de identidad.    

Más recientemente, el 1 de junio de 2005, entró en vigor la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, de Naciones Unidas, que Chile suscribió junto a una treintena de Estados. En la práctica implica reconocer la existencia de las y los inmigrantes e intentar mejorar su situación.    

No obstante, los afectados señalan que en la vida cotidiana estas medidas no se perciben debido a la escasa información que tienen sobre las regulaciones, tanto las nuevas como las antiguas.    

"Soy voluntaria en atención de familias extranjeras y me doy cuenta que no hay un conocimiento mínimo ni siquiera de antiguos reglamentos que los protegen (.) Existe el mecanismo, pero la gente no sabe cómo hacerlo. No existe un servicio expedito que te oriente y te facilite el proceso", recalca Lilia Núñez.  

Derechos fundamentales 

Las mayores dificultades que enfrentan las y los extranjeros en Chile tienen que ver con el cumplimiento de sus derechos fundamentales.    

Si bien el Estado chileno recientemente anunció que todos los niños y niñas hijos de padres extranjeros residentes en Chile, cualquiera fuera su situación legal, tendrían acceso a educación, a salud en los consultorios y a leche, al igual que las embarazadas, con eso no se soluciona el problema.    

Diversos estudios señalan que las y los inmigrantes sufren de graves atropellos a los derechos humanos. El más notorio es la discriminación, sobre todo en el caso de las y los peruanos y bolivianos. Sufren agresiones verbales y físicas, los contratan para ocupar cargos en trabajos no calificados, viven en el hacinamiento y los sindican como los culpables de la cesantía en Chile.   

Muchos son víctimas del tráfico y la trata de personas por parte de chilenos y de sus propios connacionales. Con falsas promesas de trabajo, documentación, casas, les cobran elevadas sumas de dinero y una vez que están al otro lado de la frontera, los abandonan a su suerte.    

En el caso de los indocumentados la situación es aún peor. Aprovechando estas circunstancias, son objeto de tratos abusivos, trabajos excesivos y mal remunerados, incluso, a veces ni siquiera les pagan. Están en la indefensión.   

"La responsabilidad no es del Estado receptor, de ninguna manera, la responsabilidad primera es del Estado que está egresando emigrantes y ahí empieza el ciclo que puede terminar en el decaimiento de la situación social del migrante", afirma Lilia Núñez.   

El fenómeno de la inmigración es tan antiguo como la humanidad y no se trata de un problema nacional, es un fenómeno global que, según los expertos, debe abordarse como tal, pero, como dice, la caridad comienza en casa.   




FUENTE: Política Cono Sur apoya a los estudiantes secundarios chilenos. ¡Abajo la ley de educación de la dictadura! Los despachos de Política Cono Sur llegan diariamente a unos 4 mil 100 suscriptores a nivel internacional. Visite http://www.chile-esmeralda.com/ y http://www.memoriaviva.com/


Para visitar tu grupo en Internet, ve a:
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COMENTARIO DE MAXIMO KINAST: 'El asilo contra la opresión' es letra muerta, una frase sin sentido, que nadie en Chile siente. Sólo palabras que se repiten sin pensar, por la costumbre, porque si.

En Chile se estan repitiendo todas las reacciones chauvinistas que los chilenos hemos sufrido en el extranjero. Esa 'copia feliz del Eden' es una copia del infierno para los inmigrantes. Gracias a la labor del Innombrable y de sus fieles seguidores, los momios de siempre  y los Gobiernos de la Concertación. 

Serafín Rodríguez serafinrodriguez@adelphia.net   

Diversas organizaciones de chilenos en el extranjero y compatriotas en muchas partes del mundo están promoviendo con entusiasmo la aprobación de una ley que nos dé derecho a voto, si no en todas las elecciones que se realizan en nuestra patria, por lo menos en las más importantes a nivel nacional. Incluso, a nivel de la Cámara de Diputados, se acaba de aprobar la idea de legislar al respecto. 

Allá los que quieran ese derecho voto! En cuanto a mí se refiere, yo no lo quiero!  

Yo no quiero ese derecho a voto mientras no se remplace el sistema de elecciones binominal heredado de la dictadura por uno proporcional, que permita una auténtica representación de todas las corrientes políticas.  

Yo no quiero ese derecho a voto porque no quiero avalar con mi voto, un sistema electoral que es injusto y antidemocrático.  

Yo no quiero ese derecho a voto porque no quiero encontrarme en la disyuntiva de tener que votar por "el mal menor", como ha tenido que hacer hasta hoy la mayoría de los compatriotas que viven en el país.  

Yo no quiero ese derecho a voto porque no quiero legitimizar con mi voto a una clase política que en su conjunto ha engañado abiertamente al país con promesas electorales incumplidas por 16 años.  

Yo no quiero ese derecho a voto porque no quiero que con él se me imponga el dilema de tener que ejercerlo responsablemente en la ausencia de candidatos que puedan representarme.  

Yo no quiero ese derecho a voto porque no quiero ser cómplice de la faramalla de democracia que existe en nuestra patria.  

Yo no quiero ese derecho a voto porque no quiero ser partre de la farándula política chilena.  


Gracias! Merci! Thank you!

Date: Fri, 04 Aug 2006 14:52:51 +0200
From: Alvaro Rojas <a.rojas@t-online.de>
Subject: ¿Porqué no votar?

Visite: http://lasnoticias.de/chile/

Si uno quiere que algo cambie hay que darle poder de negociación a la izquierda, la verdadera oposición en Chile. Para ello hay que poder votar, ya que si la izquierda (Juntos Podemos, Comunistas o como se llame), obtiene mas de un 12% en las presidenciales -por ejemplo- significa que puede obligar al candidato que decida apoyar a cumplir lo que dice ya que en la segunda vuelta -con esa votación- asegura la elección del que apoye, y los puede obligar a firmar un acuerdo, a negociar desde una posición de fuerza con el 'partido único' que gobierna en Chile (me refriero a la alianza táctica entre RN-UDI y Concertación).   

Es decir, tirar esa posibilidad a la basura y dejarles el campo a los que siguen mangoneando y administrando la herencia de la dictadura sin quere cambiarla porque los beneficia (tanto a la
Concertación como a los exaplaudidores de Pinochet hoy botados a "democratas") es un error, si uno quiere que algo cambie en Chile.     

Los cambios nunca han sido aceptados por los antecesores de los que hoy gobiernan, siempre fueron producto de una acumulación de fuerza electoral, social, política y económica de las clases populares, los pobres, los que son mas en Chile y si nosotros desde el extranjero podemos ayudar aunque sea con una raya en un papel, debemos hacerlo.  

Saludos,

Alvaro Rojas
http://lasnoticias.de/chile/

por Felipe Portales*

El conjunto de las políticas sectoriales desarrolladas por los gobiernos concertacionistas se entienden en el marco de su proyecto político-económico global. En este sentido, su política de derechos humanos respecto de la herencia de la dictadura se comprende en el contexto de la profunda transformación del liderazgo de la Concertación, experimentada a fines de los 80 del siglo pasado, en
relación a la democracia tutelada y al modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura.  

En efecto, aquel liderazgo modificó sustancialmente su concepción misma de la democracia. Así, el conglomerado antecesor de la Concertación –la Alianza Democrática- había planteado claramente su
rechazo a la Constitución del 80, considerando que sus preceptos permanentes contenían diversos dispositivos esencialmente antidemocráticos que impedían que la Constitución y las leyes fueran
el producto de la voluntad mayoritaria del pueblo.  

Concretamente, en Julio de 1984, señaló que "no hay democracia posible... dentro del marco de los preceptos permanentes de esa Constitución [de 1980], si no se hace del Congreso Nacional un cuerpo verdaderamente representativo de todos los sectores del pueblo de Chile, elegido íntegramente por sufragio universal y dotado de reales atribuciones legislativas y fiscalizadoras; si no se democratiza la composición del Tribunal Constitucional; si no se deroga la inamovilidad de los Jefes de la Fuerzas Armadas y de Orden y no se limitan las facultades del Consejo de Seguridad Nacional a las propias y específicas de su función; si no se cambian las normas sobre Reforma de la Constitución por otras que la hagan posible, y si no se asegura la efectiva igualdad de derecho de todos los chilenos".[1]

Sin embargo, ya en Agosto de 1991, y sin que ninguno de esos cambios se hubieran efectuado, el entonces presidente Aylwin expresó que "la transición ya está hecha. En Chile vivimos en democracia".[2] De este modo, lo que en 1984 se consideraba, con toda propiedad, como requisitos ineludibles para la existencia de una democracia, en 1991 se empezó a concebir como simples factores de perfeccionamiento de ella. Así, Aylwin agregó que "esta democracia es susceptible de perfeccionarse, sí, y una de las tareas que tenemos por delante es perfeccionar la democracia y eso exige algunas reformas constitucionales, tarea que mi gobierno ha abordado y que probablemente no va a dejar completada y será tarea del próximo gobierno".[3]  

En otras palabras, Aylwin y el liderazgo de la Concertación comenzaron a ver a la Constitución de 1980 como democrática, solo que imperfecta. Esto es, transformaron esencialmente su concepto mismo de democracia, al valorar como tal la Constitución impuesta por la dictadura, con todos sus dispositivos autoritarios vigentes e intocados.    

Esto explica porqué el liderazgo de la Concertación ha considerado como democrático el sistema político chileno tanto antes como después de la reforma constitucional que el año pasado eliminó la tutela militar formal. Y porqué considera nuestro actual sistema como democrático, pese a que están vigentes aún el sistema electoral binominal y los altos quorums requeridos para modificar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales; todos los cuales impiden que la Constitución y las leyes sean el producto de la voluntad mayoritaria del pueblo.  

A su vez, el profundo cambio de concepciones democráticas del liderazgo de la Concertación se explica por el giro copernicano de sus concepciones económicas que tuvo lugar a fines de la década del 80. Así, la eminencia gris de su primer gobierno, Edgardo Boeninger, nos señala que aquel liderazgo asimiló las visiones liberales que inspiraron a la dictadura, llegando a una convergencia con la derecha en este ámbito, "convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer". [4] Lo anterior por su parte, explica la aparentemente increíble –y muy ocultada hasta el día de hoy- cesión de la mayoría parlamentaria simple que le aguardaba a Patricio Aylwin en 1990, de haberse mantenido sin cambios la Constitución del 80.

En efecto, sus artículos 65 y 68 establecían –para favorecer a un Pinochet ganador del plebiscito del 88; y presidente hasta el 97– que el futuro presidente tendría mayoría legislativa teniendo solamente mayoría absoluta en una cámara y un tercio en la otra.[5] Sin embargo, la derrota de Pinochet en aquel plebiscito generó la previsión opuesta. La Concertación ganaría la presidencia con Aylwin y obtendría con seguridad la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en un tercio en el Senado [6] ¡Y la Concertación aceptó regalar esa mayoría inminente por medio de las reformas de aquellos artículos, las cuales pasaron desapercibidas dentro del paquete de 54 reformas aprobadas por consenso entre Pinochet y el conglomerado opositor y ratificadas por el plebiscito de Julio de 1989!  

Este cuadro inédito en la historia de la humanidad en que una coalición política prefiera ser minoritaria en el parlamento, no puede ser explicado ni por la estupidez ni el temor. Es absurdo sostener que un ataque de estulticia cegó simultáneamente a decenas de líderes políticos. También lo es sostener que el temor puede llevar a alguien a cederle poder a quien teme, pues esto lo hace evidentemente más vulnerable a sus eventuales ataques.  

La única explicación razonable es la que se deduce del propio Boeninger. Esto es, que la pérdida de la mayoría parlamentaria le permitió plausiblemente al liderazgo de la Concertación culpar a ese hecho de no poder desarrollar un programa de reformas económico- sociales en las que inconfesablemente ya no creía. De otra forma, dicho liderazgo habría quedado desnudo en su falta de consecuencia al
no buscar aplicar su programa prometido.  
Este abandono de las promesas de cambio social es lo que nos permite entender, también, su negativa a efectuar pactos electorales con la izquierda extraconcertacionista, pese a que dichos pactos le habrían dado mayoría parlamentaria propia en las dos cámaras ya en 1998.[7]  

Todo lo anterior quedó patentemente demostrado en el año 2000, durante el gobierno de Lagos, cuando la Concertación quedó con mayoría en las dos cámaras desde Agosto de ese año hasta Marzo de 2002, por los desafueros de los senadores Pinochet y Francisco Javier Errázuriz. En ese lapso ¡el gobierno no impulsó ningún proyecto destinado a transformar las instituciones económico-sociales impuestas por la dictadura! En realidad la opinión pública ni siquiera se enteró o le importó de que se produjera un vuelco en la mayoría del Congreso Nacional. Se había acostumbrado o resignado a la consolidación del modelo económico efectuado por los propios gobiernos de la Concertación.  

Ya a comienzos de esta década ni siquiera causaban asombro verdaderas apologías de la obra económica de la dictadura, efectuadas por connotados líderes concertacionistas, como la realizada por el ex presidente del PDC y actual canciller, Alejandro Foxley, en Mayo de 2000, en la que dijo que "Pinochet... realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria... de que había que abrir la economía al mundo descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar" [8].  

Ha sido tal el grado de consolidación del modelo neoliberal en esta década y media, que ha provocado en los últimos años reiterados cuestionamientos del episcopado católico por las  escandalosas desigualdades sociales que genera. Y, por otro lado, ha suscitado numerosos panegíricos a Lagos y su gobierno por parte de connotados líderes de derecha. Así tenemos las declaraciones de "amor" a Lagos hechas por el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, con ocasión de la reunión de la APEC en Octubre de 2005; [9] las expresiones del destacado economista de derecha, César Barros, de que Lagos ha sido "el mejor Presidente de la derecha de todos los tiempos", [10] y la calificación del político de la UDI, Herman Chadwick, de que su gobierno fue "muy bueno" [11].  

Y en términos más generales, tenemos las expresiones del cientista político, Oscar Godoy, quien consultado si no observa un desconcierto en la derecha por la "capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico"; respondió: "Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente cuando consigue la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho" [12].  

La conformidad con el sistema político autoritario y el modelo económico heredados de la dictadura nos permite comprender otros tres elementos insólitos de las políticas concertacionistas desarrolladas en estos 16 años:

- los intentos por consolidar la impunidad en materia de graves violaciones de derechos humanos;

- la autodestrucción de los medios de comunicación concertacionistas, y

- la ausencia total de esfuerzos por revitalizar las organizaciones sociales de los sectores medios y populares destruidas por la dictadura. De estos dos últimos solo reseñaremos la idea esencial.  

El giro copernicano del liderazgo de la Concertación no se extendía a su base, ni menos a periodistas que habían demostrado una gran consecuencia y valentía en la lucha contra la dictadura y su modelo económico. Por tanto, a esta luz resultan perfectamente comprensibles las políticas gubernamentales de bloqueo de ayudas extranjeras a las revistas concertacionistas; [13] las de discriminación del gasto público dirigidas contra el conjunto de los medios escritos afines a la Concertación; [14] y la de impedir la existencia de un diario de centroizquierda como "Clarín", vía negarle indemnización a su propietario confiscado por la dictadura [15]. Políticas que han llevado a la destrucción de la generalidad de los medios escritos concertacionistas o afines.  

Otra consecuencia natural de la asimilación del modelo económico neoliberal de la dictadura ha sido la conformidad con sus consecuencias sociales. Esto es, con la atomización de la sociedad y
específicamente con la destrucción o irrelevancia del conjunto de organizaciones que articulaban y le daban peso social y político a los sectores medios y populares: los sindicatos; las juntas de vecinos y organizaciones anexas; los colegios profesionales; los gremios de pequeños productores; y el movimiento cooperativo, entre otros.  

La asimilación de la herencia de la dictadura nos permite entender, también, las razones de fondo de porqué el liderazgo concertacionista ha abandonado la búsqueda de justicia. Si la obra económica de aquella se visualiza en términos tremendamente positivos; y si se considera que dicha obra no pudo efectuarse sino por medios dictatoriales;* [16] es inevitable que las violaciones de derechos humanos conexas sean percibidas como mucho menos graves.  

Ciertamente que esta lógica no tiene porqué llevar a aceptar la brutal escala a que llegaron las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura; pero sí a que ellas, en algún grado, representaron un mal necesario o mal menor. Naturalmente que para quien adhiere a la Concertación es impresentable asumir explícitamente esta lógica. Por eso que su liderazgo, al promover concretamente la impunidad, ha recurrido a argumentos de "prudencia", "paz social" o "razones de Estado", argumentos que además pueden adecuarse muy bien a los miedos traumáticos dejados en la sociedad chilena por la aplicación de un terrorismo de Estado durante cerca de 17 años. Sería ética y políticamente insostenible plantearlo de otro modo. Pero lo concreto es que, en la práctica, el liderazgo concertacionista ha promovido sistemáticamente la impunidad, tratando que ésta sea digerible mezclada con algunas dosis mínimas de reconocimiento de la verdad histórica y de reparaciones a las víctimas.  

Así, el propio Boeninger reconoce que la consolidación de la impunidad fue un claro objetivo del gobierno de Aylwin: "En el marco de la estrategia del Gobierno una primera decisión fue no intentar la derogación o nulidad de la Ley de Amnistía de 1978, pese a que tal propósito estuvo incluido en el programa de la Concertación. Esto significaba aceptar que no habría castigo por condena penal de los responsables de los crímenes cometidos con anterioridad a su promulgación, con la sola excepción del asesinato de Orlando Letelier, explícitamente exceptuado de dicha ley por el propio Gobierno de Pinochet" [17]. A su vez, cuando el Gobierno de Lagos adquirió fortuitamente mayoría parlamentaria [entre Agosto de 2000 y Marzo de 2002], se hizo también completamente el leso respecto de dicho compromiso programático.   

Además, para fundamentar el abandono de la justicia como objetivo de gobierno, el ministro del Interior de Aylwin, Enrique Krauss, elaboró a comienzos de 1991 una inédita distinción entre una justicia pura que estaría referida a otorgar reparaciones a los familiares de las víctimas; y otra justicia que estaría contaminada por la venganza, que sería la aplicación de sanciones penales a los victimarios [18].   

Por otro lado, el gobierno concibió también el esclarecimiento de la verdad histórica de los detenidos-desaparecidos como un sucedáneo de la justicia. Por ello que la comisión que se creó para tal efecto fue denominada de "Verdad y Reconciliación"; Enrique Krauss señaló que "la verdad... representa un juicio sereno y verdadero, mas valioso que una sentencia jurídica"; [19] y el subsecretario del Interior, Belisario Velasco, declaró que "lo que el Gobierno espera, como conclusión de este informe [de Verdad y Reconciliación, más conocido como Rettig], es que precisamente con el conocimiento de la verdad haya reconciliación en el país" y que "Chile necesita un perdón generoso para que haya reconciliación" [20].   

A la impunidad judicial por la mantención del decreto-ley de amnistía [denominada "auto-amnistía" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos], los gobiernos concertacionistas agregaron la impunidad moral y administrativa, en la medida que mantuvieron en secreto el nombre de los violadores de derechos humanos y permitieron que la generalidad de ellos continuara con su carrera militar. Es más, se ha designado o pretendido designar [y mantenido, en varios casos que suscitaron controversia] como agregados de Chile en el exterior, en cargos diplomáticos o en misiones internacionales, a numerosos oficiales que se han visto involucrados en graves violaciones de derechos humanos. Han sido los casos de Jaime Lepe en España [21]; Pablo Belmar en Ecuador y El Salvador [22]; George Willeke en El Salvador [23]; Miguel Krasnoff Marchenko en Rusia [24]; Héctor Barrientos en España [25]; Sergio Espinoza Davies en Naciones Unidas [26]; Rodolfo Ortega en España [27]; y Ricardo Manríquez en Honduras [28].   

Ni siquiera se puede sostener que con el Informe Rettig el Gobierno de Aylwin efectuó una adecuada difusión de la verdad. Al hecho de que prácticamente no se hizo ninguna campaña de difusión del Informe; hay que agregar que la propuesta del ministro de Educación de la época, Ricardo Lagos, de utilizar el Informe Rettig como texto de estudio escolar, fue rápidamente desechada ante la oposición de la UDI [29] y hasta el día de hoy. Además, el Gobierno ¡ni siquiera inscribió el Informe en el Registro de Propiedad Intelectual!, quedando fuera de las bibliotecas públicas, hasta que en 1996, la Corporación de Reparación y Reconciliación, antes de cerrarse, y dándose cuenta de tal "olvido", procedió a sacar una nueva edición del Informe, inscribiéndolo como es debido [30].   

Respecto de la verdad sobre los detenidos y torturados durante la dictadura; los sucesivos gobiernos concertacionistas se opusieron durante muchos años a afrontar el tema, pese a que de acuerdo al propio Informe Rettig había constituido la forma más extendida de represión. Luego de insistentes demandas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, al fin se avino el Gobierno de Lagos en 2003 a constituir una comisión que registrara a las víctimas [Comisión Valech].  

Sin embargo, dada la escasísima difusión que tuvo su labor [31] y el corto plazo establecido para su inscripción [seis meses], la gran mayoría de las víctimas no pudo acreditar oficialmente su condición, quedando fuera de los beneficios de la subsiguiente ley de reparaciones. Además, esta les brindó una paupérrima pensión mensual de menos de 200 dólares, que está muy lejos de compensar el daño físico y psicológico inferido, más aún cuando la gran mayoría de los afectados padeció adicionalmente exilio, cesantía prolongada o imposibilidad de culminar estudios superiores, con lo cual vio tronchados sus proyectos de vida [32] Tampoco, dicha ley de reparaciones acogió las recomendaciones de la Comisión Valech relativas a las reparaciones morales y jurídicas para los afectados, ni las medidas educativas y de prevención de la tortura propuestas.  

La culminación de la política de falta de compromiso con un esclarecimiento efectivo de la verdad de los gobiernos de la Concertación, lo representa la insólita indolencia en la dilucidación de la identidad de las personas desaparecidas que ha salido a luz recientemente en relación a los restos humanos encontrados en 1991 en el Patio 29 del Cementerio General.    

La indiferencia y el ocultamiento manifestados por estos gobiernos respecto de informes críticos efectuados por especialistas nacionales y extranjeros desde 1994, en una materia que siempre fue proclamada como la de más alta prioridad, constituye la demostración más patente de la falta de compromiso efectivo del liderazgo de la Concertación, no solo respecto de la justicia, sino además con relación al esclarecimiento de la verdad.  

Pero los sucesivos gobiernos y el liderazgo de la Concertación no se han contentado solamente con abandonar toda idea de derogar el decreto-ley de autoamnistía de 1978; sino que además han pretendido extender dicha amnistía hasta 1990 [33] o han promovido directa o indirectamente –con el concurso de las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de los partidos de derecha- diversos proyectos de ley destinados a avalar y consagrar la autoamnistía; o a promover la impunidad a través de sustanciales rebajas de penas a violadores de derechos humanos; o de la inmunidad de muchos de los autores de desapariciones forzadas de personas a cambio de entrega de informaciones sobre los
crímenes.   

Han sido los casos del "acuerdo-marco" de 1990 [34]; del proyecto de ley Aylwin de 1993 [35]; del proyecto de ley Frei de 1995 [36]; del acuerdo Figueroa-Otero del mismo año;[37] del proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de fines de 1998 [38] del proyecto de ley de inmunidad de 2003 [39] y del proyecto presentado en 2005 por varios senadores de la Concertación y de la derecha [40].    

Afortunadamente, gracias a la reacción en contra de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos [41], de los partidos de la izquierda extraconcertacionista y de sectores mayoritarios de algunos partidos miembros de la propia Concertación –particularmente del PS- se ha impedido que aquellos intentos de impunidad se consumaran. Hay que tener en cuenta que si varios de ellos se hubieran aprobado, habría sido imposible la reactivación de los procesos y las condenas judiciales logradas en esta década.  

De todas formas, es importante tener presente que hasta la fecha solo se ha podido hacer justicia en un ínfimo número de casos de las decenas de miles de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Esto es, en los de Juan Alegría, Mario Fernández, Manuel Guerrero, Tucapel Jiménez, Orlando Letelier, Santiago Nattino, José Manuel Parada y Miguel Ángel Sandoval. Además, en varios de ellos los autores intelectuales y muchos coautores, cómplices y encubridores han quedado impunes; o las penas han sido muy bajas, en virtud de la muy discutible aplicación del beneficio de la media prescripción [42].   

Otra expresión de las políticas a favor de la impunidad del liderazgo concertacionista han sido las sistemáticas acciones u omisiones de los gobiernos de la Concertación a favor de la impunidad en diversos casos judiciales de gran trascendencia nacional e internacional, no importando siquiera en ello el desprestigio de nuestro país en el mundo. Así, en el caso del asesinato del ex agente de la DINA en Uruguay, Eugenio Berríos, el gobierno de ese país le representó, tanto al gobierno de Aylwin como al de Frei, su malestar por la escasa colaboración brindada a su investigación judicial [43]. En el juicio por el asesinato del ciudadano chileno-español, Carmelo Soria, el Gobierno de Frei le aportó a la Corte Suprema una información sesgada que fue crucial para que ella aplicara la amnistía a sus victimarios [44]. En relación con el frustrado asesinato de Bernardo Leighton y su esposa, los gobiernos de Frei y Lagos no se preocuparon de que los condenados por dicho caso en Italia [Manuel Contreras y Raúl Iturriaga] fueran extraditados a ese país o se abriera, en subsidio, un juicio a ellos en Chile. Respecto del asesinato del general Carlos Prats y su esposa, el desinterés concreto del Gobierno de Frei por lograr la condena de quienes idearon y organizaron el complot, llevó a sus tres hijas a publicar una carta de protesta dirigida al ministro del Interior [45]. Pero, sin duda, la conducta más ilustrativa en este ámbito han sido los esfuerzos de los gobiernos de Frei y Lagos por lograr la impunidad de Pinochet luego de haber sido detenido en Londres. Primero, a través de las fervientes gestiones por salvarlo de su segura condena en España, logrando su vuelta a Chile. Y, luego, a través de una verdadera campaña pública y privada de presión a los tribunales, y especialmente al juez Juan Guzmán, para liberar de juicio a Pinochet por falsas razones de salud mental [46].  

Otro elemento crucial en favor de la impunidad lo ha constituido la permanente renuencia gubernamental a buscar la justicia en las decenas de miles de casos de tortura. Así, a las declaraciones del entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, en contra de la presentación de querellas por dichos crímenes contra la humanidad, [47] se ha sumado la virtual impunidad que estableció la ley de reparaciones aprobada en Diciembre de 2004 para los casos de tortura,
¡al impedirle al Poder Judicial tener acceso a las decenas de miles de denuncias concretas en tal sentido presentadas ante la Comisión Valech.   

Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado se ha sumado a la promoción de la impunidad al tratar de impedir que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos o sus familiares reciban indemnizaciones estatales. En este propósito ha llegado al extremo de asumir la tesis de la patrulla militar de que Carmen Gloria Quintana se habría quemado accidentalmente a sí misma en 1986; [48] y de plantear que el Informe Rettig constituye un informe privado sin fuerza probatoria en los tribunales; de negar la existencia de campos de concentración y tortura; e, incluso, de cuestionar que haya habido un sistema político dictatorial [49].   

Además, con ocasión del juicio por la desaparición forzada de Miguel Ángel Sandoval, el Consejo manifestó una actitud favorable a la aplicación del decreto-ley de autoamnistía, ¡pese a que era parte querellante! [50] Y esto había sido precedido por numerosos pronunciamientos públicos a favor de la impunidad efectuados por su presidenta, Clara Szczaranski, [51] todo lo cual no suscitó ninguna
reacción critica de parte de las autoridades gubernamentales [52].   

Por último, es importante resaltar que los diversos pronunciamientos del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, críticos a las violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura y a favor del "nunca más", no han tenido ninguna correspondencia con algún apoyo institucional sustantivo a favor de su esclarecimiento y sanción.   

De este modo, ninguno de los poquísimos casos en que se ha llegado a la verdad y justicia, lo ha sido en virtud de investigaciones efectuadas por las propias Fuerzas Armadas. Tampoco se ha contado con algún apoyo en ese sentido respecto del esclarecimiento de diversos casos comprobados judicialmente en que se produjo –años después de 1973- una remoción y destrucción de restos humanos de las personas detenidas-desaparecidas, lo cual – en el marco de una organización
tan jerarquizada como el Ejército – resulta inimaginable que se haya llevado a cabo extra institucionalmente.  

A tal grado ha llegado esa falta de apoyo, que para identificar al comandante del Estadio Chile [actual Víctor Jara] luego del golpe, el abogado Nelson Caucoto tuvo que recurrir a avisos en los diarios para
obtener testimonios de ex presos. Fue imposible obtener del Ejército tal información.  

Asimismo, la ex senadora Carmen Frei se ha quejado públicamente, en reiteradas ocasiones, de la falta de colaboración del Ejército en las investigaciones judiciales destinadas a esclarecer el muy probable asesinato del ex presidente de la República, Eduardo Frei Montalva.   

Incluso, en casos judiciales originados con posterioridad a 1990 –como el contrabando de armas a Croacia y el asesinato del coronel Gerardo Huber- la justicia militar demostró tal lentitud e ineficacia, que fue reemplazada por ministros en visita que en, poquísimo tiempo, han avanzado notablemente en su esclarecimiento.   

Peor aún, los miembros del Ejército enjuiciados por violaciones de derechos humanos reciben un apoyo económico del conjunto de sus miembros para costear sus defensas judiciales, el cual es descontado por planilla, salvo –lo que en la práctica se hace casi imposible- que la persona de manera explícita manifieste lo contrario.   

En conclusión, tenemos que el conjunto de las instituciones gubernamentales han desarrollado en estos años –más allá de las palabras- una sistemática política a favor de la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidos bajo la dictadura.

NOTAS

[1] Patricio Aylwin.- "El reencuentro de los demócratas. Del golpe al triunfo del NO"; Edic. Grupo Zeta, Santiago, 1998, p. 259

[2] "El Mercurio"; 8-8-1991

[3] "El Mercurio"; 8-8-1991 Tarea que aún no es "completada".

[4] Edgardo Boeninger.- "Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad"; Edit. Andrés Bello, Santiago, 1997, p. 369

[5] Pinochet habría tenido con seguridad mayoría absoluta en el Senado [con el sistema electoral binominal y los nueve senadores designados directa o indirectamente por él] y un tercio en la Cámara
de Diputados.

[6] Pese a que los nueve senadores designados habrían sido entonces todos de derecha, la Concertación habría elegido un senador en cada una de las 13 circunscripciones originales. De este modo, habría superado el tercio de 12, considerando que el total de senadores era de 35.

[7] Así, la suma de votos de la Concertación y la Izquierda, le habría permitido a la primera obtener un senador más en 1993 [Circunscripción Novena Norte] y dos más en 1997 [Segunda y Octava
Interior]; con lo que en lugar de haber estado en minoría en el Senado de 23 a 25, habría tenido mayoría de 26 a 22.

[8] "Cosas"; 5-5-2000

[9] Ver "La Segunda"; 14-10-2005

[10] "La Tercera"; 11-3-2006 Además, Barros compara a Lagos con el hijo pródigo de la parábola evangélica [Lucas 15;11-32], analogando a la derecha económica con Dios Padre y a la derecha política con el hijo mayor que siempre mantiene la ortodoxia.

[11] "El Mercurio"; 21-3-2006

[12] "La Nación"; 16-4-2006

[13] Denunciadas en el caso de "Análisis", "Apsi" y "Hoy" por el ex director de la primera, Juan Pablo Cárdenas [Ver "El Mercurio"; 11-9-2005] ¡Lo que ni siquiera se atrevió o pudo hacer Pinochet!

[14] Denunciadas por Juan Pablo Cárdenas [Ver "El Mercurio"; 11-9-2005] y por Sonia Montecino, Diamela Eltit, Martín Hopenhayn, Manuel Antonio Garretón, Sofía Correa, Bernardo Subercaseaux, José
Miguel Varas, José Balmes, Naín Nómez, Ana Pizarro, María Eugenia Horvitz, Francisca Márquez, Elicura Chiluailaf, Alfredo Joignant, Tomás Moulian, Julio Sau, Ramón Griffero, Sergio Trabucco, Paulo
Slachevsky, Silvia Aguilera y Faride Zerán [Ver "Rocinante"; N° 84, Octubre, 2005]

[15] Denunciada por Patricia Verdugo [Ver "Rocinante"; N° 47,
Septiembre, 2002]

[16] Como lo reconoce Andrés Allamand: "Pinochet le aportaba al equipo económico algo quizás aún más valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las
transformaciones [económico-sociales]" ["La Travesía del Desierto"; Edit. Aguilar, Santiago, 1999; p. 156]

[17] Boeninger.- op. cit.; p. 400

[18] Ver "Las Ultimas Noticias"; 17-2-1991

[19] "Las Ultimas Noticias"; 17-2-1991

[20] "La Epoca"; 4-2-1991 A su vez, el presidente del Senado, Gabriel Valdés, señalaba que 1991 "debe ser el año de cambio de hoja, tanto para conocer la verdad de lo ocurrido con los derechos humanos conculcados, así como para preparar el advenimiento de la reconciliación nacional" ["El Mercurio"; 20-2-1991]

[21] Ver Ascanio Cavallo.- "La historia oculta de la transición"; Editorial Grijalbo, Santiago, 1998, p. 350

[22] Ver "La Nación"; 31-1-1996 y "La Tercera"; 17-2-1996

[23] Ver "La Nación"; 31-1-1996

[24] Ver "El Mercurio"; 1-2-1996

[25] Ver "La Epoca"; 21-11-1997

[26] Ver "La Nación"; 17-10-1998

[27] Ver "La Nación"; 1-3-2004

[28] Ver "La Nación"; 12-4-2004

[29] Ver "El Mercurio"; 7-3-1991

[30] Algo peor sucedió con los resultados de las investigaciones de la Corporación aludida, que luego de varios años acreditó 899 víctimas fatales adicionales al Informe Rettig. Fruto de ese trabajo
se editó un libro de más de 600 páginas, cuya publicación pasó prácticamente desconocida, dado que el Gobierno de Frei no le dio ningún relieve.

[31] No hubo ninguna campaña informativa en televisión y ¡hubo solo una inserción en un diario de circulación nacional, en "La Tercera" del 23 de Noviembre de 2003!

[32] Además, que en la mayoría de los casos la pensión comenzó a concederse ¡más de 30 años después de inferido el daño!; que una significativa cantidad de las víctimas simplemente no obtuvo nada por haber ya fallecido; y que a las viudas y familiares sobrevivientes que se aceptó inscribir, ¡se les negó toda indemnización!

[33] Esto fue planteado –con algunas excepciones- por los presidentes del Senado [Gabriel Valdés] y de la Cámara de Diputados [José Antonio Viera Gallo] en Diciembre de 1991 [Ver "El Mercurio"; 15-12-1991 y "El Mercurio"; 17-12-1991] ¡Hasta la derecha se manifestó contraria a la idea!

[34] Ver "El Mercurio"; 12-4-1990 y Allamand; op. cit.; p. 259

[35] Ver "El Mercurio"; 24-8-1993

[36] Ver Allamand; op. cit.; pp. 441-2

[37] Ver "La Tercera"; 17-11-1995

[38] Ver "La Nación"; 17-7-1999

[39] Ver "El Mercurio"; 21-1-2004 y "La Nación"; 28-4-2004

[40] Ver "El Mercurio"; 9-9-2005

[41] Que en varias ocasiones incluyó huelgas de hambre de miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

[42] A lo que hay que agregar el insólito indulto de Lagos, de Agosto de 2005, a quien degolló a Tucapel Jiménez; siendo que había sido condenado a la extraordinariamente baja pena de ocho años de cárcel y a que ni siquiera había reconocido su participación en el crimen, ni menos se había arrepentido de él.

[43] Ver "La Epoca"; 14-6-1993 y "La Segunda"; 15-2-1996

[44] Ver "El Mercurio"; 29-9-1996

[45] Ver "El Mercurio"; 9-6-1999

[46] Ver "La Segunda", 2-6-2000; "La Nación", 10-8-2000; "Caras", 18-8-2000; "Que Pasa", 2-9-2000; "La Nación", 16-4-2001; "La Nación", 28-8-2002; "La Nación", 30-8-2002 y "El Mercurio", 18-1-2004

[47] "Me preocupa que en este país todo el mundo se ponga a denunciar, porque creo que sería negativo... ¿Queremos ir a buscar a 5 o 20 mil autores? ¿Todo el que golpeó a alguien tiene que ser llevado ante los tribunales de justicia? Mi inquietud va por la tensión del país y no por una tensión con las FF.AA." ["La Nación"; 15-2-1991]

[48] Ver "La Nación"; 29-7-2003

[49] Ver "La Segunda"; 15-5-2002 y "El Mercurio"; 28-5-2003

[50] Ver "La Nación"; 30-9-2004

[51] En uno de ellos señaló que "las instituciones armadas de Chile son inocentes, cualquiera sea el mando que las sacó de rumbo instigado por intereses civiles, externos y ajenos a la vida militar. Las instituciones necesitan liberarse del peso injusto que hoy las agobia. Chile las necesita descargadas de ese lastre" ["El Mercurio"; 7-9-2003]

[52] El planteamiento de que ella podía estar actuando al margen del gobierno es insostenible, puesto que además de haber sido designada por el Presidente de la República, el Consejo de Defensa del Estado históricamente –más allá de la formalidad de su autonomía- siempre, en sus lineamientos fundamentales, ha actuado en consonancia con los gobiernos.

* Felipe Portales [1953] es un sociólogo chileno [Universidad Católica de Chile, 1977]; ex asesor de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores [1994-1996]; actual profesor de Historia de Chile en la Universidad de Chile; y autor –entre otros- de los libros "Chile: Una democracia  tutelada" [2000] y "Los mitos de la democracia chilena" [2004].

Documentos hallados por el abogado paraguayo Martín Almada, descubridor de los Archivos del Terror, revelan la entretela de la mayor organización represiva del Cono Sur, incluyendo su lenguaje cifrado. Se reproducen aquí fragmentos inéditos

Mensaje claro: viajaré mañana.

Mensaje encriptado: NXDBD TCADJ DJD.

Mensaje clave: viaja reman ana.

Es decir, reemplazada la ene por la eñe, viaja rémañ ana.

Y, una vez agrupadas las letras: viajaré mañana.

Como en 1984, la novela de George Orwell, los servicios de inteligencia del Cono Sur tenían, durante los años de plomo, su newspeak. O neolengua. De la cual se valían para compartir información confidencial. En especial, de sospechosos por razones políticas. Izquierdistas, en su mayoría, a los que debían derribar, o eliminar, como a muñecos en un parque de diversiones. Los llamaban fuerzas negativas, según el dossier de una conferencia bilateral de inteligencia entre los ejércitos de Paraguay y la Argentina.

Como en 1984, el poder no era un medio, sino un fin en sí mismo: "No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura -dice Orwell-. El objeto de la persecución no es más que la persecución misma. La tortura sólo tiene como finalidad la misma tortura. Y el objeto del poder no es más que el poder. ¿Empiezas a entenderme?"

Como en 1984, la mentira parecía verdad y la crueldad parecía respetable, dándole solidez al mismísimo viento: "... Hemos estimado que debemos contar en el ámbito internacional no con un mando centralizado en su accionar interno, sino con una coordinación eficaz que permita un intercambio oportuno de informaciones y experiencias...", dicen los fundamentos de la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, organizada entre el 25 de noviembre y el 1º de diciembre de 1975, en Santiago, Chile, por el coronel Manuel Contreras, al frente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Puro papel frente a las narices de Martín Almada, sorprendido el 22 de diciembre de 1992, a las 11 de la mañana, por toneladas de documentos con membretes, firmas y sellos en las afueras de Asunción. Membretes, firmas y sellos que reflejaban los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989. Y, sobre todo, los secretos y la correspondencia de su policía política embarcada desde mediados de los años setenta en una causa común con sus pares de la región: la Operación Cóndor.

El documento sobre la reunión de inteligencia, rubricado con el sello de secreto, era el blanqueo, más que el acta fundacional, de la Operación Cóndor: "La subversión desde hace algunos años se encuentra presente en nuestro continente, amparada por concepciones políticas y económicas que son fundamentalmente contrarias a la historia, a la filosofía, a la religión y a las costumbres propias de los países de nuestro hemisferio -dice-. Esta situación descripta no reconoce fronteras ni países y la infiltración penetra todos los niveles de la vida nacional".

La cruzada, en la cual estuvieron comprometidos los gobiernos de facto de Chile, la Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador, era enfrentar la llamada guerra psicopolítica, de modo de contrarrestar en conjunto las agresiones de la subversión.

No, como hasta ese momento, por separado, sino codo a codo: "Están combatiendo solos o, cuando más, con entendimientos bilaterales o simples acuerdos de caballeros", dice el documento.

Por la Operación Cóndor, el presidente de facto de la Argentina entre 1976 y 1981, Jorge Rafael Videla, en prisión preventiva desde 1998 por el robo de bebes durante la dictadura, ha sido el primer procesado, desde el 10 de julio de este año, por el juez Rodolfo Canicoba Corral. El primero y el único hasta ahora.

Un día antes, el augusto mentor de la Operación Cóndor, Pinochet, era eximido de juicio por falta de juicio por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Santiago después de haber purgado 503 noches en las afueras de Londres por el pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón, finalmente denegado.

"Diez días después de mi secuestro, la despertaron a medianoche con la excusa de que fuera a retirar el cuerpo del educador subversivo que había fallecido -dijo Almada a LA NACION-. La noticia le provocó un infarto. En los días anteriores recibía llamadas de la policía política. Le hacían escuchar mis llantos y mis alaridos en la sala de tormentos. Murió por falta de atención médica. Los médicos del pueblo, San Lorenzo, no se animaron a brindarle atención por temor a las represalias."

Almada, recibido de abogado en la Universidad Nacional de Paraguay, es el primer doctor en ciencias de la educación de su país, carrera que cursó en la Universidad de La Plata. En el momento de su secuestro, el 26 de noviembre de 1974, era director del Instituto Juan Bautista Alberdi, de enseñanza primaria, secundaria y técnica, de San Lorenzo, Paraguay, cargo que ejercía desde 1960.

"Fui secuestrado en mi lugar de trabajo por la policía política y llevado directamente ante un tribunal militar integrado por autoridades paraguayas, civiles y militares, y por los agregados militares de la Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay -dijo-. Me imputaron haber escrito mi tesis doctoral, en La Plata, titulada Paraguay. Educación y dependencia."

Era sospechoso. Por promover el movimiento cooperativo Techo Propio a Cada Educador Paraguayo.

Por militar en el Movimiento Popular Colorado (Mopoco), concebido por Waldino Ramón Lovera y Miguel Angel Casabianca en Buenos Aires. Por su presunta conexión con estudiantes subversivos de la Argentina y Chile.

A los ojos de sus captores, Almada era un terrorista intelectual. En el sótano del instituto que dirigía, intervenido en los siguientes 20 años, adujeron que habían encontrado armas cortas y largas.

La policía de Stroessner era algo así como la policía del pensamiento de Orwell. Y Contreras en persona, emisario de Pinochet, firmaba las invitaciones, en octubre de 1975, para la reunión de fines de noviembre con sus pares regionales.

A ellas, a las que tuvo acceso LA NACION, igual que a los otros documentos, adjuntó el temario: un pantallazo sobre la subversión y las redes de inteligencia en Chile, el primer día, y una invitación a exponer sobre idénticos asuntos en los otros países. Con un margen generoso para las intervenciones de los delegados extranjeros: una hora y media cada uno.

Prólogo del plan de coordinación de inteligencia de cada país que, en realidad, ya estaba vigente. Sólo faltaba una organización formal en la cual, según el Anexo A del esquema presentado por Contreras, una secretaría, una oficina de partes y otra de seguridad dependían de un director. De ellas dependían, a su vez, secciones específicas: banco de datos, antecedentes, microfilms, central de informaciones, criptografía, correos, apoyo administrativo, personal, materiales y fondos.

La mecánica de consulta, desglosada en el Anexo B, describía un centro coordinador que verificaba archivos propios y ajenos, recibía antecedentes y, al mismo tiempo, pedía más a los otros. Usaban para comunicarse entre sí un sistema de sustitución simple. Cada letra minúscula del alfabeto corriente, llamado claro, debía ser reemplazada por una mayúscula del alfabeto cifrador, llamado clave. La a por la D, la b por la Q, la c por la Z, la d por la Y, y así sucesivamente hasta la z por la O.

El modelo del banco de datos era la filial de Interpol en París. Con un capítulo exclusivo: la subversión. "Para obtener un eficaz rendimiento en el uso del banco de datos es necesario contar con un sistema de comunicaciones moderno y ágil que permita cumplir con los principios de rapidez y oportunidad en la entrega de la información", dice el documento, cual programa tentativo. Y da como ejemplos la transmisión por télex, los medios de criptografía, los teléfonos con inversores de voz y el correo.

Stroessner, ofendido por haber recibido en noviembre una invitación fechada en octubre, decidió que asistiera el agregado militar en Santiago, coronel Ricardo Bogado Silva, en lugar de un representante de alto rango de la inteligencia de Asunción. Luego designaría al general Alejandro Fretes Dávalos como coordinador del sistema.

La Operación Cóndor, sin embargo, ya había cobrado sus víctimas. Como el general chileno Carlos Prats, comandante en jefe del ejército durante el gobierno de Allende, y de su mujer, Sofía Cuthbert, asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. Como Bernardo Leighton, dirigente de la democracia cristiana chilena, y su mujer, Anita, heridos de gravedad, el 6 de octubre de 1975, en Roma. Como Almada. Y cobraría otras después.

"Insistí con mi inocencia, lo que enfureció a Pastor Coronel, jefe de la policía política de Paraguay -dijo Almada-. Ordenó a sus especialistas que me hicieran cantar y me ordenaron firmar una declaración prefabricada. Tuve miedo de mirarlos. Me pareció que sus ojos lanzaban fuego. Que dejaban de ser hombres para ser bestias. Sabía que los verdugos de la Argentina y de Chile se presentaban ante sus víctimas con máscaras. En el régimen de Stroessner no necesitaban ocultarse. La ferocidad era mérito de rápido ascenso. Me torturaron con golpes de karate, látigos, cachiporras, focos enceguecedores, picanas, zambullidas en aguas fétidas. Música brasileña neutralizaba nuestros gritos de dolor, desesperados, y evitaba que los vecinos y los feligreses que iban a misa en la catedral, a dos cuadras, advirtieran ese infierno."

A un paro cardíaco, razón de una internación urgente en el Policlínico Policial de Asunción, sobrevino una recuperación rápida y renovadas torturas. Entre los documentos que halló Almada en los Archivos del Terror, uno, en particular, le llamó la atención. Era un libro titulado Cómo mantener vivos a los torturados.

"En la noche del 26 de diciembre de 1974 fui trasladado con otros 42 prisioneros políticos a la Comisaría Primera, sede de la naciente Interpol-Paraguay -dijo Almada-. Estábamos en el primer piso, y desde la ventana, veíamos que los verdugos jugaban ping-pong y fútbol de salón los sábados por la mañana. Los conocíamos a todos, pero no sabíamos sus nombres. Un día fue puesto en nuestra celda el comisario Mario Mancuello, castigado por no haber informado que su hijo Carlos pertenecía al Centro de Estudiantes de la Universidad de La Plata. Yo quería saber cómo había muerto mi esposa y por qué me interrogaban militares extranjeros. ÔMartín Almada, me respondió, estamos en las garras del Cóndor'."

Por mala conducta, Almada fue transferido, el 3 de mayo de 1975, a la prisión de alta seguridad. La llamaban Sepulcro de los Vivos. En ella, según dijo, estaban desde hacía más de 15 años los detenidos más antiguos de América latina, como Antonio y Ananías Maidana, Alfredo Alcorta, Julio Rojas, Virgilio Bareiro, Dimas Acosta y Felipe Vera Báez, entre otros.

"Me parecía haber sido transportado a una de esas prisiones romanas de la era esclavista que, siendo niño, había visto en la película Quo Vadis? durante Semana Santa -dijo-. Una verdadera jaula. Desde el exterior, oficiales y sargentos nos observaban como a seres extraños, venidos de otro planeta. No existíamos, en suma. En la celda contigua, pero en peor condición que nosotros, estaba un argentino, Amílcar Latino Santucho, abogado. Me comentó que había pasado por el vía crucis del Tribunal Militar Cóndor con su compañero chileno, Jorge Isaac Fuentes Alarcón,  del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue la segunda vez que escuché que estábamos en las garras del Cóndor."

Poco a poco, la idea de una conspiración internacional iba cobrando cuerpo en Almada. En prisión conoció, por ejemplo, a la doctora Gladys Meilinger de Sannerman, paraguaya, dueña de un sanatorio en Misiones, secuestrada en 1974 por la policía política de Stroessner con ayuda de las autoridades argentinas. El marido de ella, Rodolfo Jorge Sannerman, también paraguayo, había sido torturado en Buenos Aires.

"La doctora Sannerman me contó que éramos víctimas de la alianza militar y política de intercambio de información, ubicación de supuestos subversivos o terroristas, y tortura, ejecución o traslado, sin más protocolo o pase libre de cualquier país miembro -dijo Almada-. En ese momento ya tenía claro el panorama. También conocí en ese infierno a un joven estudiante argentino, Oscar Rojas, muy católico, entregado a las autoridades argentinas."

En el Sepulcro de los Vivos, Almada hizo huelga de hambre durante 30 días. Intervinieron Amnesty International y el Comité Inter-Iglesias de Paraguay. Y, gracias a ellos, recuperó la libertad. Fue el 27 de septiembre de 1977.

Por nuevas persecuciones halló asilo en la embajada de Panamá y, el 28 de febrero de 1978, partió rumbo a ese país con sus tres hijos, Ricardo, Lincoln y Celeste. Fue declarado huésped de honor por su libro Paraguay. Educación y dependencia, inspirado en el modelo educativo panameño de 1971. Recibió, asimismo, condecoraciones en Francia, Brasil y la Argentina.

Almada, consultor de la Unesco para América latina entre 1978 y 1992, tiene 64 años. Está casado en segundas nupcias con María Stella Cáceres, argentina, profesora universitaria. Vive en Manhattan, Kansas, donde ejerce como profesor visitante de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad del Estado.

En París, mientras trabajaba para la Unesco, quiso reconstruir su pasado. Y, para ello, se valió del consejo del comisario Mancuello, ex compañero de prisión: seguir la Revista Policial Paraguaya.

Tres hechos hilaron su búsqueda: la caída de Stroessner, entre el 2 y 3 de febrero de 1989, por un golpe de Estado encabezado por el general Lino Oviedo, razón de su exilio desde entonces en Brasilia, y la reforma constitucional y la incorporación del recurso de hábeas data, en junio de 1992. Tres meses después pidió sus antecedentes a la policía paraguaya, pero halló una respuesta negativa: no existían.

"Un día me encontré con una señora de más de 70 años que me preguntó: '¿Usted es el maestro Martín Almada?' -dijo-. Nos abrazamos, emocionados. Después cambió de actitud.'Ah, ustedes, los que se fueron, vuelven como héroes, y nosotros, los que nos quedamos, seguimos sufriendo -me dijo-. Pastor Coronel (jefe de la policía política) me sacó por la fuerza esa propiedad que usted ve allí. No se acerque a ella en vísperas de mal tiempo -me dijo-, porque jóvenes argentinos, uruguayos, chilenos, lloran, piden socorro a gritos'. '¿Viven allí?', le pregunté. 'No -me dijo- son sus almas en pena'."

Un allanamiento de los archivos de la Jefatura Policial, en Asunción, no había dado resultado. En el despacho de abogado de Almada, después de un llamado telefónico, apareció una mujer elegante que le dio una pista: los papeles estaban en la casa descripta por la anciana, la comisaría de Lambaré, barrio obrero que queda a 20 kilómetros de la capital paraguaya.

En aquellos años, como en 1984, la dialéctica hegeliana campeaba con sus dobles sentidos en newspeak. O neolengua. "La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza", según Orwell. Sobre todo, eso: la ignorancia de muchos era la fuerza de unos pocos. O el fin. RXJ. Es decir, fin.

En julio de 1975, las conclusiones de la VII Conferencia Bilateral de Inteligencia entre los ejércitos de Paraguay y la Argentina parecían premonitorias: "No se puede negar la necesidad de una eficiente coordinación de actividades de inteligencia entre lo ejércitos de Paraguay y de la Argentina como el mejor medio para coartar el logro de los planes elaborados por los grupos subversivos", dice la introducción del documento, al que tuvo acceso LA NACION.

Eran las vísperas de la reunión de inteligencia en Santiago, Chile, en la cual iba a cobrar forma la Operación Cóndor.

El objetivo de la subversión era la socialización de América latina, según el documento. La filosofía era la lucha armada. Y la estrategia era continentalizarla.

Hasta entonces, según el documento, la situación pormenorizada era la siguiente.

Bolivia: "... El gobierno del general Hugo Banzer, luego del golpe de Estado que derrocara al gobierno marxista del general Torres, se abocó a depurar a los elementos marxistas localizados en todos los sectores del gobierno...

Brasil: "... El gobierno de Brasil, con las experiencias asimiladas de los países que han caído bajo el flagelo de los elementos subversivos orientados y solventados desde el exterior, con el establecimiento de un estricto control de las actividades y de los miembros responsables de la conducción de los distintos campos del poder, ha podido mantener y controlar las actividades posibles y futuras de estas organizaciones..."

Chile: "... Con el golpe militar que destituyó al gobierno marxista de Salvador Allende y las posteriores acciones de las fuerzas armadas contra sus elementos componentes se disipó la intención y la preparación por parte de los países líderes del comunismo de establecer la base principal desde donde irradiar la subversión a los países componentes del Cono Sur, obligando a los elementos marxistas a replegarse hacia el Perú y hacia la Argen tina..."

Perú: "... La junta militar sigue consolidando su posición y, con la caída del poder socialista en Chile, el grueso del esfuerzo económico, político y militar de los países socialistas se volcó hacia ella, constituyéndose actualmente, con la experiencia chilena, en una futura base de operaciones de las acciones subversivas para América latina en estrecha colaboración con Cuba y los elementos marxistas establecidos y organizados en Bolivia y en la Argentina..."

Uruguay: "... Las Fuerzas Armadas uruguayas obtuvieron una rotunda victoria contra los tupamaros, obligando al resto de esa organización a dirigirse fuera del país, principalmente hacia la Argentina, el Perú, Cuba y países e uropeos..."

: "... las ideas marxistas no encuentran el campo fértil que han hallado en países divorciados de su pasado y geográfica o étnicamente no integrados como nación. Es por ello que, hoy en día, la estrategia de infiltración del comunismo en el Paraguay parece haber desechado a las masas obreras para orientarse hacia el campo estudiantil, fundamentalmente el universitario, buscando en el cambiante pensamiento juvenil introducir y hacer germinar sus concepciones como símbolo de esnobismo que generalmente deslumbra mentes políticamente casi vírgenes..."

Por Serafin Rodríguez

Simplemente porque la teta parlamentaria que mama la clase política chilena en el poder es demasiado rica... También la llaman "dieta", aunque no es "sopita de pollo" y mucho menos "para adelgazar"...

Si yo soy diputado o senador, por qué voy a correr el riesgo de que en un sistema proporcional de elecciones algún roto o intelectualoide del Juntos Podemos Más (o Menos) me quite la teta, ¿ah?

¡No pueh señor! ¡Así no funciona la cosa!

¡Así no funciona la democracia!

¿No ve que eso genera inestabilidad?

Y lo más terrible, ¡puede romper la gobernabilidad de todo lo que tenemos!

¡No, no, no pueh señor!

¿No ve que eso puede llevar a un quiebre total de la institucionalidad del país, de la patria?

¡No sea antipatriota!

Además, ¿pa' qué cambiar nada, si las "instituciones funcionan", como decía el muy ilustre prócer Ricardo Lagos?

¡Déjese de tonteras!

¡Mirembé!

¡Qué se ha imaginado!

No ve que así estamos requetecontra bien...

A modo de ejemplo, le explico pa' que cache la onda en que estamos, ¿ta? Si le resulta más cómodo, puede hacer su cálculo en dólares americanos, más o menos a $ 545 pesos el dólar, al cambio de hoy, ¿ta? ¡Vaya! ¡Búsquese una calculadora, si quiere! 

INGRESOS Y GASTOS DE UN SENADOR:  

I. REMUNERACION: Corresponde a la remuneración de un Ministro de Estado, según el Art. 62 de la Constitución.

Mensual:

  - Dieta bruta $ 5.319.853 (Dieta líquida aproximada que va directamente al bolsillo del Honorable, descontados impuestos y cotizaciones previsionales y de salud: $ 3.885.000) 

II. GASTOS LABOR PARLAMENTARIA (EXTRA):

  - A) Asignación de Traslación (sin rendición de cuenta): $ 1.155.000 (Alojamiento, bencina, peajes, reparación y amortización, permiso de circulación y otros del vehículo que usa el Honorable.)

  - B) Asignación para Oficinas (administrado por la Tesorería del Senado, según documentos): $ 4.979.431 (Secretari@s, personal de apoyo con contratos o boletas. Arriendos de oficinas, consumos básicos, sobres franqueados y materiales de oficina en general.)

  - C) Asignación de Asesoría Legislativa Profesional (Profesionales que apoyan la labor legislativa del Honorable --es decir, los que le hacen el trabajo---, los cuales son pagados por la Tesorería del Senado previa acreditación del gasto): $ 2.000.000

  - D) Bienes y Servicios de Consumo, Celulares y telefonogramas, hasta $ 210.000

***

¿Entiende ahora?

¿Cacha o no cacha?

¡Felicitaciones!


Y no la revuelva más con eso de querer quitarme la teta, ¿ta? La dieta... --quiero decir...

A lo mejor, a lo mucho, podríamos adoptar un sistema "misto"... Pa' transar, si Ud. quiere... Así Ud. también tendría la posibilidad de mamar algo... Pero la teta gorda, ¡a mí no me la quita nadie! ¿Ta claro?

Serafín Rodríguez

Todos los contorsionistas dicen que hay que protegerla... La pregunta es por qué y la respuesta es simple: porque no tiene deos pa'l piano (o, como se decía en la campaña, "no da el ancho"... ). Sin embargo, no hay nada que pueda protegerla de sí misma.

Su última metida de tacos altos: anunciar un plebiscito no contemplado en la Constitución (y ya no estamos hablando de la Constitución de Pinochet, sino que de la del Lagos) y quitarle el piso a los presidentes de los partidos contorsionistas que querían conversar algunas mejoras al binominal con Erre Ene. Aunque ninguno de ellos lo plantea como una quitá de piso o desautorización.

Pa' protegerla...

Así, los únicos que salieron en su defensa fueron los Pe Ese. Después de todo, la metida de tacos altos la hizo en el "seno" de ese Pe y por sugerencia de los mandamases del mismo. Al Pe Ese se sumó el Pe Ce que no tiene nada que perder.

La idea del referendo es constitucionalmente inviable y por lo menos inoportuna dentro del marco de las conversaciones contorsionistas con Erre Ene. Literalmente, la doña la embadurnó!

Además, la idea no tiene futuro, por buena que parezca. En efecto, si se llegara a implementar como una consulta no vinculante, de seguro que la opción binominal pierde, pero quién se hace cargo del despelote anticonstitucionalista que montaría la derecha antes, durante y después de la campaña de la consulta? La doña.?

Con qué herramientas?

Y qué diría la De Cé? Correría el riesgo de la plebe?

Lo terrible es que el país se está quedando vacunado con la "Presidenta" y tendrán que pasar muchos años para que las mujeres auténticamente capaces logren competir exitosamente con los hombres en cargos de representación ciudadana. La gente se cabrea. Ve una en la cual depositó tanta esperanza,
y generaliza... Otra?

Nica!

Y tendrán que agradecérselo a la doña!

Muy flaco favor a la equidad de género le está haciendo esta Barbie producto del marqueteo político "de cabellos largos e ideas cortas".

Una verdadera lástima, pero ¿qué cabía esperar?

Los que no lo dijeron, lo pensaron, pero igual votaron... en ausencia de una real alternativa dentro del zapato chino en que el gobierno y la oposición tienen metido al país a favor de sus pitutos.

 La policía secreta de Pinochet ya no tortura y mata, pero igual miles de chilenos, en especial jóvenes, deben emigrar porque nuestra próspera economía les niega un futuro decente

Katherine Marlene Aguilera Feeley, ex-nana, Cataluña, España
(14/08/06)

CHILE, PAÍS QUE acumula elogios de los organismos internacionales, un país en que la inversión extranjera está segura, país confiable, ¡uf¡... ¿para quién? Claro, para ellos, para los que mantienen a los trabajadores, a los obreros subyugados al pagarles salarios que dan vergüenza y que constituyen un atentado a la dignidad de las personas.

Cuando escucho estos tipos de comentarios sobre Chile acá en la Madre Patria, me pregunto si acaso hay dos Chile diferentes... uno para la clase obrera y otro para la clase del empresariado, una dimensión desconocida. A menudo me preguntan de qué país provengo y cuando respondo que de Chile, me quedan mirando con asombro, como diciendo “¡ey, tía, qué pasa, qué haces tú por aquí, si Chile está muy bien, ah que sí!” Entonces les tengo que contestar: “¿ah sí? ¿Vivirías con un salario de 250 euros, que es aproximadamente el mínimo en mi país (aunque los hay incluso inferiores)?” Pues en ese preciso momento todo queda en silencio, porque con ese salario, que vendría siendo algo más de $150.000, no se puede vivir ni en España ni en Chile, en donde cada día las cosas van subiendo... el pan, el aceite, el azúcar, los carbohidratos (que son la base de la alimentación de nuestra gente),,el gas, el agua, la electricidad y el arriendo. a ver si es que llegan a fin de mes con algo de pasta para alimentos, a no ser que estén a dieta (mal comentario).

Es por esa razón que hoy observamos un autoexilio silencioso, que protagonizan miles de chilenos. Es que la gente de mi edad, mmm... (35), va buscando nuevos horizontes y opta por dejarlo todo en busca de mejora en lo monetario, en oportunidades de acceder a una mejor calidad de vida. Deja así familia (ya sea madre, padre, hermanos o esposa(o) e hijos). Algunos sólo vienen a reunir el dinero necesario para volver a la patria y acceder así a una vivienda o poner un bolichito en la pobla. Otros se dejan llevar y terminan trayéndose a toda la familia, encantados por el nivel de vida de un ser común y corriente que en Chile jamás tendrían, como ir de vez en cuando a un restaurante o salir de vacaciones, comprarse un autito. Lo más caro es un arriendo, eso es verdad, pero te alcanza con el sueldo, llegas a fin de mes y mira, que si tienes papeles de residencia, es mejor... te pagan tus horas extras, trabajas las horas que corresponden.

Todo es diferente acá, aunque no todo sea color de rosa, pero uno se apaña, logra sobrevivir y logra vivir. Sin embargo, no puedo dejar de preguntarme por qué debemos hacer todo esto fuera de nuestra tierra, por qué nos obligan a dejarla. La respuesta tiene que ver con la dictadura de esta economía capitalista que se ha instalado en nuestro país.

Hace poco llegaron cuatro chilenas de mi comuna (Villa Alemana), llegaron a las Islas Canarias, están luchando por encontrar un trabajo (ya una lo hizo, las otras tres están llenas de esperanza y sé que lo lograrán). El comienzo es duro pero la recompensa final es dulce, han dejado hijos (uno de ellos en la universidad, los de las otras son todavía pequeños, como los míos), otra llegará en octubre a Cataluña, y así seguirán llegando... ¡hasta cuándo! ¿Es mejor callar y escapar, autoexiliarse? Creo que es falta de compañerismo por los que quedan. ¿Acaso no debemos levantar la voz y decir basta y luchar por lo justo?

La represión no ha terminado, persiste y, lo que es peor, nos amedrentan por el estómago. Callamos por miedo a quedarnos sin pega, Pero si somos cinco, diez y luego 20 los que alzamos la voz, el número de quienes reclaman sus derechos se multiplicará y la protesta llegará a cada rincón de nuestro país. ¿Acaso ya quedó olvidada aquella gran movilización de los estudiantes, que fue un ejemplo de lucha por lo que por derecho pertenece a cada uno de nuestros hijos?

Ahora nos toca a los padres; tú, mujer; tú, padre, obrero. A ti, joven, que te preguntas qué será de tu futuro, te invito: demuestra a tus padres y a esta sociedad que sí vale la pena luchar, seguir creyendo que la igualdad es posible. Esta lucha no debe tener un color político, la lucha es libre, es parte de nuestros pensamientos e ideales.

Fuente: http://www.granvalparaiso.cl/economia/laboral/exilio.htm

  Ernesto Medina Aguayo*   

En los últimos tiempos nuestro país están siendo afectado por un virus juvenil denominado "los pingüinos," que ha irrumpido nuestra "suciedad" remeciendo las adormecidas conciencias de los sumisos corderos "chilensis" e interrumpiendo la vorágine compulsiva del "compra compra", empañando las vitrinas de los mall y compitiendo con la farándula nacional, propietaria de las portadas de los diarios y programas de TV.    

¿Que esta pasando con la ciudadanía? A quienes los políticos, los presidenciables levantan loas, desde el discurso mediático en sus campañas, para gobernar con aquellos, para después en el poder abstraerse   de estos, por el temor al "cogobierno con los rotos", el pueblo,  que puede rebelarse y terminar con los actuales equilibrios macro económicos, que consienten la iniquidad social, la desigualdad y el tranquilo devenir de los hombres de negocios que aman nuestro país, (sobre todo sus riquezas) , entregando al "forastero" una amplia gama de oportunidades, beneficios tributarios y mano de obra controlada, donde el grado de sindicalización esta reducida a su   mínima expresión.   

La participación ciudadana minusválida, nuevamente ha sido relegada y los consejeros de palacio prefieren invertir en "simulación ciudadana" para mantener su status apegados a las orden del Banco Mundial, que temerosos  de la movilización "domestican"  las iniciativas ciudadanas transformándolas en oficinas de cosas inútiles como la cacareada "responsabilidad social de la empresa" donde algunos defensores de los consumidores, se abrazan  con el empresariado abusador e inescrupuloso, acostumbrado a seducir y financiar políticos y ONGs para  proteger sus intereses.   

Mientras dos "trasnochados furiosos" queman una micro del transantiago en Villa Francia, en  Mehuín  los pescadores artesanales dan "clases" de patriotismo y organización, oponiéndose   férreamente al ducto de CELCO que  contaminará su fuente de trabajo, impidiendo con sus embarcaciones que la empresa CELCO, (protegida por la Armada Nacional) realice un estudio de impacto ambiental requerido para el traslado de residuos altamente tóxicos al mar. Entregando   un  ejemplo digno de imitar, que  sumado a  la huelga de los mineros de la Escondida, y la construcción   histórica del Parlamento Social (PASO) con respaldo de   un amplio espectro político social, señalan que el camino de los rebeldes "pingüinos" y su política transversal están haciendo eco en nuestra sociedad. (ESPERAMOS)    

De la indignación a la acción parece ser la consigna. La rebelión estudiantil también a contagiado a los consumidores y usuarios, que han desarrollado llamados espontáneos por e mail (18 y 19 de agosto) de actuar al unísono y a salir al camino a los cobros desmedidos y abusivos en la telefonía nacional, donde la empresa  española predominante del mercado, está entregando un pésimo servicio y afectando la calidad de vida de la familia chilena.   

La molestia de los usuarios va "in creschendo", desembocando con el llamado del Movimiento Aquí la Gente, a una  huelga nacional para el último jueves de cada mes, partiendo  del este jueves 31 de agosto a las 10 horas, (desde ahumada con huérfanos)   apagando los 12 millones de  celulares y disminuir el tráfico de  llamadas en los teléfonos fijos.    

Parece difícil, pero no imposible. Si se logra actuar colectivamente, en conjunto con los parlamentarios y las organizaciones más representativas legitimadas por la ciudadanía, se propinará  un rudo golpe a los proveedores inescrupulosos y abusadores.    

A está iniciativa de Aquí la Gente, han adherido: la CUT, la CAT, Federaciones Estudiantiles, Colegios Profesionales, la Asociación Nacional de Centros de Padres (ANDEPA), Organizaciones de Derechos Humanos, de Exonerados Políticos, Fuerza Social, la Zurda, entre otras.    

De ser así, la rebelión pacifica de la ciudadanía irá en ascenso y los indignados usuarios del país gritarán ¡¡OLE!! A los abusadores de telefonía y, la enseñanza de los rebeldes "pingüinos" irá movilizando y articulando al País en aras de un futuro promisorio, donde los actores sean tomados en cuenta y sus demandas satisfechas.    

 * Ernesto Medina Aguayo     

Presidente de Aquí la Gente  

 09 337 32 96 E

aquilagente@hotmail.com

medinaaguayo@gmail.com